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En una de las tantas conferencias de gobernantes que cubrí, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tan dicharachero y dado a la desmesura verbal, soltó que mientras los mandatarios se la pasaban de cumbre en cumbre, los pueblos iban «de barranco en barranco». Parafraseando al difunto biznieto de Maisanta, conjeturo que yo me la pasé de transición en transición a lo largo de veinte años.

 

Millones de venezolanos sueñan con su propia transición, con ganar la libertad de golpe y, en consecuencia, numerosos exiliados con un pronto retorno a la patria perdida. Tras veintiséis años extenuantes y mayormente destructivos, la desazón extrema es inevitable en las personas que necesitan libertad, como también es irremediable la repugnancia que cualquier régimen de fuerza produce en los demócratas.

 

Esas mismas emociones agitaron a mi generación en España, turbaban mis inicios en el periodismo y las sentí durante mis estadías profesionales en Brasil, Chile o Paraguay. También en Portugal, aunque mi tiempo en Lisboa fue ya durante la convalecencia final del sarampión revolucionario clavelino que padeció esa nación tras el sorpresivo derrocamiento (1974) de la dictadura que había comenzado en 1926, cuando Benito Mussolini proscribió los partidos políticos italianos y Adolf Hitler estaba aún a la búsqueda de financistas para la causa nazi.

 

Con independencia de cómo y cuándo sea derribada la autocracia autista que encarna Nicolás Maduro y se sustenta en el alto mando militar, la transición a la democracia en Venezuela llevará sin duda su tiempo. Veinte años no será nada en un tango de Carlos Gardel, pero en política es una infinidad. Venezuela está en el año veintiséis de una era que razonablemente puede ser definida como «la República Infausta».

 

Habrá transición sin duda porque no hay dictadura eterna ni caudillo inmortal. La propia historia venezolana enseña eso desde el arranque de la independencia nacional, aunque a veces hubo que esperar a que el tirano muriera en la cama, como fue el caso del general Juan Vicente Gómez, el mismo que tuvo engrilletado hasta su muerte al turbulento bisabuelo de Chávez.

 

Sin duda hay dictaduras pertinaces. La castrista cubana va en su año sesenta y siete, en manos de una gerontocracia decrépita y obstinada. La de Guinea Ecuatorial, con cuarenta y seis años, parece supeditada a la muerte del octogenario déspota Teodoro Obiang, si Teodorín, su ávido retoño, fuera neutralizado. La perdurable autocracia hereditaria norcoreana está en sus setenta y siete, firme, inquietante, impredecible, hermética, con el tercer Kim de la dinastía en el trono comunista de Pionyang.

 

El primer Kim de la saga norcoreana es venerado como «presidente eterno». Que ese apelativo no induzca al desánimo, como tampoco la longevidad extrema de los tres regímenes liberticidas citados. Más pronto que tarde los restos del «comandante eterno» Hugo Chávez van a ser sacados de su mausoleo del Cuartel de la Montaña y entregados a la familia, como sucedió con los despojos del dictador español, Francisco Franco, exhumado en 2019 de su sepulcro en el crucero de la basílica del Valle de los Caídos, su pirámide de faraón, donde yació más años de los treinta y seis que duró su régimen.

 

Caerá la autocracia vigente en Venezuela, pero el ideario chavista, aunque sea un credo de guardarropía, continuará sin duda perturbando indeterminadamente la convivencia entre los venezolanos. Exactamente como el franquismo, que aún hoy da intensos coletazos en España.

 

Como periodista he asistido in situ a seis cambios de régimen, cuatro de los cuales fueron transiciones de dictaduras a democracias y los otros dos, ascensos de formas de autoritarismo, es decir, «transiciones inversas»: en Perú, la eclosión del fujimorato, en un golpe (1992) del presidente Alberto Fujimori, coludido con la cúpula miliar y el servicio secreto, a los otros dos poderes del Estado, una perturbación que aún convulsiona los cimientos institucionales de esa nación andina, y en Venezuela al haraquiri gradual del ejemplar pacto de convivencia de 1958 y la conquista del erial político resultante por el ex teniente coronel Chávez, elevado en las urnas (diciembre de 1998) a la condición de salvador de la patria por dos de cada tres votantes, prácticamente.

 

En la transición española, en mis inicios profesionales, colándome en mi turno de madrugada por los escasos resquicios informativos que los compañeros del día dejaban, aprendí primero a dejar amarradas en la puerta de la redacción la ansiedad, mis propias convicciones y los miedos, y, en segundo lugar, sobre todo, el ejercicio del periodismo responsable. Escribí de aquella transición, pero tuvieron que pasar años hasta entender la relojería política del proceso, el trabajo en la sombra de los marionetistas y un cúmulo de intereses a favor del cambio político sin espasmos que eran para el común imperceptibles mientras se desarrollaban los hechos.

 

Cada proceso que cubrí tuvo su propia ruta, sus peculiaridades y su tempo. Todos fueron facilitados por factores extranacionales. Ninguno se debió a la potestad de una figura providencial. En España la obra fue colectiva, determinada por circunstancias geoeconómicas y geoestratégicas, la imposibilidad de extender la pella franquista, un rey de origen anómalo que necesitaba legitimarse y una sociedad que no iba a tolerar un absolutismo monárquico.

 

En Portugal, la demolición de la dictadura fue consecuencia de la fatiga e irritación en el estamento militar por las interminables guerras coloniales en sus posesiones africanas, y la democratización se hizo posible luego, tras la neutralización del asalto final al poder por unos oficiales procomunistas.

 

En Brasil, el proceso, tan largo como exasperante, partió del propio generalato al entender que su poder no era eterno, que les era imposible instaurar una democracia perdurable sin comunismo y que el impávido coloso sudamericano necesitaba su propio espacio en el mundo bipolar de la Guerra Fría.

 

En Chile, la junta militar de generales de mentalidad prusiana cayó en su propia telaraña institucional, sin alternativa, una vez perdidos en las urnas, de darse un golpe a sí mismos. Y en Paraguay el cambio se debió a la suma de la soberbia y autoconfianza del autócrata gastado, al cainismo de rapiña en su partido, a un inoportuno relevo militar y a un general embadurnado en el narcotráfico que encontró el momento oportuno para blanquearse. En estos dos últimos casos, influyó que los gorilas latinoamericanos con charreteras habían dejado de ser útiles a Washington. Es decir, que los consabidos dictadores «hijo de puta» del patio trasero habían dejado de ser «nuestros hijos de puta», como presidentes y secretarios se solían referir con jactancia a los Somoza nicaragüenses, el dominicano Trujillo, el cubano Batista, el chileno Pinochet u otros especímenes antidemocráticos.

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España: Un rey sin elección

El ex rey Juan Carlos I, en sus flamantes memorias, forja un relato conveniente de la transición española al propósito de rehacer su figura maltrecha por sus notorias debilidades sentimentales y patrimoniales. Aduce que la democracia «no cayó del cielo», que él dio la libertad a los españoles. Los áulicos del anterior monarca español vocean en los medios su desprendimiento generoso al haber entregado al pueblo el poder absoluto que heredó de Franco. Son narrativas discordantes con la historia.

 

Ni la democratización fue una dádiva real ni el monarca podía ejercer como rey absolutista a medio plazo, salvo bajo un régimen de terror de resultados predeciblemente desastrosos, al precio de perder el trono, de ser el Juan Carlos el Breve de la caricatura, y a riesgo en el corto plazo de acabar convertido en pelele de cualquier grupo de la clase dominante oportunista y audaz. En tal hipótesis, se hubiera desestabilizado un escenario fundamental tanto para los intereses militares estadounidenses como para su carrera espacial, del mismo modo que para la consolidación del bloque democrático europeo frente al campo comunista soviético.

 

No había duda de que, con mayor o a menor velocidad, pero sin demasiada dilación, España debía dejar de ser una anomalía tras los Montes Pirineos al margen de las corrientes democráticas imperantes en su entorno europeo desde el fin de la reconfiguración del mundo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

 

La España que Juan Carlos de Borbón recibió en herencia por la gracia del caudillo había dejado de ser el país roto y andrajoso, de gente acalambrada por el masivo exterminio en la masiva limpieza ideológica que siguió a la Guerra Civil, sometida a un control social apabullante, donde Franco ejercía su potestad absoluta. Tras veinte años de penurias por la ofuscación de Franco en la autarquía, había emergido una sociedad civil con recursos, que había elevado significativamente su nivel de vida, exigente e ilustrada que ansiaba ser parte de la Europa libre. El inmovilismo del régimen contrastaba con los activos movimientos obreros, estudiantiles y políticos. Los partidos, todos clandestinos, no eran ya reliquias oxidadas en el larguísimo exilio. La derecha civilizada que había hecho nido en el régimen buscaba un espacio propio en la modernidad. La Iglesia se había desenganchado del aberrante nacionalcatolicismo franquita. Los militares anhelaban la OTAN, la alianza defensiva occidental, y el empresariado aspiraba a la Comunidad Económica Europea (CEE), a sabiendas de que el ingreso estaba formalmente supeditado a la democratización de España. También la construcción de la futura Unión Europea exigía la presencia de la cuarta economía continental.

 

Franco finalizó su gobierno en 1975 como lo comenzó en 1939: con fusilamientos, y desoyendo el clamor mundial, incluso del papa. Tras las ejecuciones, la reacción internacional fue tremenda: retirada de embajadores, ataques a legaciones, con saqueo y destrucción como en Lisboa, pedido de expulsión de España de la ONU… Solamente se solidarizó con Franco el general Augusto Pinochet. Estados Unidos moderó y entibió. Necesitaba a España como fuerte aliado y baluarte estable de sus intereses militares y comerciales. Había que sosegar la situación. El deterioro físico tan evidente de Franco, ya octogenario, presagiaba su muerte, que iba a llegar dos meses después, y el fuerte español estaba en trance.

 

Pocas veces se valora debidamente el papel de Estados Unidos en la transición española y se olvida la necesidad absoluta de Washington de mantener estable su satélite estratégico: la España donde tenía seis bases militares, esenciales para las operaciones de los bombarderos nucleares estratégicos y lo submarinos, tres de ellas de primera magnitud (Rota, Morón y Torrejón), sistemas de radar y telecomunicaciones, un centro de suministros, un oleoducto y una de sus tres estaciones en circunvalación de la tierra para el seguimiento espacial. La inteligencia estadounidense se ocupaba del asunto ya a fines de los años sesenta.

 

Cuando se puso en marcha la «operación transición en España», Estados Unidos contaba con algo más de ocho mil oficiales militares «amigos», de las tres armas, que habían pasado por cursos de instrucción en Norteamérica, y la asistencia militar era considerable. Desde temprana hora existía en España una corriente militar pro norteamericana tratando de modificar la estructura de las Fuerzas Armadas, lo que equivalía a allanar el terreno en los cuarteles para que la institución que Franco usó para tomar el poder, liquidar a sus enemigos y sostenerse a lo largo de tantos años no se convirtiera en una piedra de obstáculo en el camino de España al encuentro del mundo libre.

 

En las primeras escenas de la más reciente película de Kathryn Bigelow, A House of Dynamit (Una casa llena de dinamita), aparece la Sala de Situación en los subterráneos de la Casa Blanca. En un enorme mapamundi digital del poderío estadounidense se ve a España en el centro. No es por casualidad o antojo de los escenógrafos del cine sino porque España ha sido durante bastante tiempo, para los estrategas estadounidenses, el centro de gravedad militar del mundo, puente entre dos continentes, abierto a dos mares, puerta del Mediterráneo, atalaya en el control de las rutas del petróleo y el comercio asiático que pasan por el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar, y última trinchera en caso de que el Pacto de Varsovia, la alianza militar soviética, cruzara el Telón de Acero y avanzara sobre la Europa democrática.

 

Había muerto Franco, el sólido y confiable aliado en un baluarte anticomunista en Europa durante los últimos treinta años. El rey, su heredero, estaba crudo, de modo que Estados Unidos hubo que actuar, junto a otros aliados europeos, para que el cambio no se saliera de madre, como había sucedido en Portugal. En vida del dictador se optó para canciller de hierro del futuro rey de paja, en una hipotética transición controlada, con pies de plomo, por la eminencia parda del régimen, el militar que controla el aparato de inteligencia y el reloj político: el almirante Luis Carrero Blanco, que tenía la bendición de Washington, a sabiendas de que abominara la democracia, porque por encima de todo estaban los intereses supremos de Estados Unidos. Pero los terroristas vascos lo habían liquidado. En su último encuentro, el secretario de Estado, Henry Kissinger, frecuentador de Madrid, recomendó al inminente rey «ir despacio» con las reformas. Sabía de su debilidad, que carecía tanto de legitimidad monárquica como popular así como de la auctoritas que necesita cualquier líder eficaz.

 

El continuismo franquista como jefe de Gobierno en la persona del eminente represor Carlos Arias, prohijado de la viuda del dictador y de su entorno, fue un fiasco. Con aquel «desastre sin paliativos» que, según el rey, era Arias, había naufragado un proceso de apertura excluyente y limitativo.  Siete meses después del entierro del dictador se ejecutó la delicada operación, fraguada en la sombra, que posibilitó colocar al frente del Gobierno a un abogado de la generación que no hizo la guerra, franquista tibio, falangista por interés y oportunidad, y tapado del rey llamado Adolfo Suárez.

 

La candidatura de Suárez se había hecho pasar con ingenio y audacia por la criba de los cancerberos del Consejo del Reino, los quinces guardianes de la ortodoxia escogidos uno a uno por Franco, que debían proponer una terna al rey. Suárez parecía un comparsa en la lista, pero era una operación sublime conocida por muy pocos que llevó al timón del proceso de cambio a aquel político incierto.

 

No había una hoja de ruta. Juan Carlos afirma que, había únicamente una dirección política y se iba avanzando como en un barco en medio de una tempestad, buscando la mejor ola y tratando de mantener el rumbo según los acontecimientos. Entre el recelo de unos y el estupor general con Suárez, el ciudadano común vivía entre sorpresas y sobresaltos, y había periodistas que jadeaban tratando de dar una primicia asombrosa o se pellizcaban para verificar que lo que veían no era un sueño.

 

En cuatro meses el presidente del Gobierno logró pasar por las cortes franquistas, una asamblea legislativa de notables, la ley de la reforma política: el súmmum de un encaje de bolillo que iba a llevar a España a la democracia sin quebrar el ordenamiento institucional del franquismo, bajo la máxima «de la ley a la ley, a través de la ley» de un genio de la lámpara, el muñidor de la estrategia Torcuato Fernández Miranda.

 

A los acordes de la canción Libertad sin ira, del grupo Jarcha, el pueblo aprobó la ruta hacia la democracia en referéndum, por 97%, y en otros seis meses se celebraron las primeras elecciones generales con todos los partidos legalizados, comunistas incluidos. En diciembre de 1978, tres años y dos semanas después de que el generalísimo bajara al sepulcro, España se había convertido en una flamante democracia, a la par de las naciones europeas, con la sanción por el pueblo de la flamante Constitución, vanguardista para su época, audaz en una España con un largo historial de intolerancias y progresista en su contenido. Los radicales guardaron en sus corazones los maximalismos y los antimonárquicos las banderas republicanas con un pragmatismo ejemplar. Menos la facción del terrorismo vasco, que no tenía aptitudes para la convivencia pacífica.

 

El camino fue estremecedor por las constantes embestidas del terrorismo vasco y las tramas negras fascistas, los bramidos desde el llamado búnker franquista, la sensación de un ruido sordo permanente de sables y el temor al descarrilamiento, sin saber que había lazarillos guiando los pasos y valedores morigerando en las sombras y bajando la presión en los cuarteles, fuerzas, en fin, de contención, aunque en 1981 un último coletazo de intransigencia militar y oportunismo canalla estuvo a un tris de malograr una transición ejemplar con la intentona golpista que, en febrero, mantuvo una noche secuestrado al parlamento y al gobierno nacional.

 

Veintiún meses después, en octubre de 1982, los socialistas ganaban por goleada las elecciones parlamentarias, lo que marcó el retorno de las izquierdas al gobierno de España por vez primera tras la Guerra Civil. La transición española quedaba definitivamente cerrada a ciclo completo.

 

Honestamente, más que obra de un rey débil, con una legitimidad en cuestión, sin crédito político ni la estima del pueblo, y, como dijo el presidente Richard Nixon, incapaz de defender el fuerte español, la transición española fue un imperativo absoluto de aquel tiempo. El empuje de un pueblo reposado hacia el mundo libre, el juego de poder militar en el mundo, la fortaleza de la Europa comunitaria y una generación de hombres públicos singulares, corajudos y generosos, la hizo posible. Se hizo de la necesidad virtud para dotar a España del sistema democrático con justicia social que nunca antes había tenido. Fueron unos timoneles leales que pusieron la conveniencia de la nación y el bien común sobre el interés propio o partidario. Se inspiraron en una sociedad ansiosa de cambios y obraron para la conquista de la democracia y la normalización política; acabaron con la polarización de las dos Españas y alumbraron una nación diversa; satisficieron los regionalismos, renovaron y fortalecieron las instituciones, dieron vida a un proyecto modernizador e instauraron una realidad nueva para liquidar el retraso ancestral y caminar hacia el futuro con estabilidad política y económica así como con inclusión social.

 

Portugal: Golpe y revolución

La transición democrática estaba prácticamente concluida cuando me establecí en Lisboa, con tiempo de asistir en primavera a las conmemoraciones revolucionarias de 1980, cerca de las figuras señeras de la izquierda socialista y comunista protagonistas del alzamiento y el posterior proceso de cambio. No obstante, tuve que revivir ese tiempo con harta frecuencia en mis notas periodísticas.

 

La sorpresiva hazaña nos había dejado boquiabiertos en 1974: la liquidación ipso facto, en una mañana, de la otra «férrea» dictadura ibérica, diez años más vetusta que el franquismo, supuestamente más rocosa que el Castillo de Guimarães, cuna de la nación lusa. Sin un disparo. Bastó apenas una canción y una flor: la Grândola, vila morena cuyos acordes por una radioemisora pusieron en marcha al unísono a los soldados del golpe y el clavel rojo convertido en símbolo de aquella revolución de terciopelo por una limpiadora de un restaurante que repartió flores a soldados que pedían cigarrillos.

 

La dictadura portuguesa cayó no por el empuje social sino debido a un malestar considerable en los mandos militares por cuestiones profesionales, incluidos salarios y ascensos, y al desgaste producido por unas guerras coloniales en el fin del mundo (Angola, Mozambique y Guinea Bissau) desde hacía quince años contra movimientos de liberación patrocinados por la URSS. La Guerra Fría en su estado más caliente.

 

Una rápida sucesión de acontecimientos, tan inesperados como el derrocamiento del viejo régimen, metió la transición portuguesa en una endiablada inestabilidad institucional, con un desastroso balance económico y un clima de guerra civiL, hasta que militares de centroizquierda abortaron (noviembre de 1975) la toma del poder absoluto por oficiales extremistas apoyados en el Partido Comunista y dirigidos por el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, el más rojo de los claveles de la revolución y entusiasta del modelo castrista. Es decir, un país fundador de la OTAN, la alianza militar occidental, estaba cerca de caer al campo soviético. En ese punto comenzó, en noviembre de 1975, la real transición a la democracia liberal semipresidencialista actual.

 

A mi llegada (abril de 1980), el proceso estaba en la fase final de consolidación y estabilidad, con un gobierno de centroderecha que logró ampliar su mayoría parlamentaria en octubre, sin que le hubiera sido posible modificar la Constitución, redactada en plena efervescencia revolucionaria y con disposiciones propias de una nación del bloque socialista.

 

Reinó la incertidumbre con la muerte accidental (diciembre de 1980) del primer ministro Francisco Sá Carneiro, en una avioneta de matrícula venezolana que había estado al servicio de Carlos Andrés Pérez. El premier iba en carrera frenética, en su último esfuerzo para vencer, en las presidenciales de tres días después, con unos sondeos adversos, al general que en 1975 había inmovilizado a la izquierda extrema militar y que desde la jefatura del Estado impedía la derechización que él impulsaba.

 

Aquella noche, el avión comercial que me llevaba a Oporto despegó del aeropuerto de Lisboa justo después de la avioneta venezolana, de modo que por las ventanillas del costado derecho se podía ver la gran llamarada de diez metros de altura, junto a un edificio de dos plantas, que en ese momento abrasaba los cuerpos de Sá Carneiro, su amante, Snu, y otras cinco personas.

 

La «gran esperanza blanca» de la derecha portuguesa había muerto, pero la democracia no se tambaleó, como iba a suceder dos meses después en la vecina España en el último coletazo del franquismo retardatario.

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Brasil: Con la puerta entornada

Al comenzar mi primera etapa brasileña (final de 1981) la transición a la era democrática había consumido siete años y aún no iba por la mitad. Una paradoja en un país que se impulsa con frenéticas batucadas. Pero esa era la marcha impuesta por el alto mando militar al furgón de la apertura.

 

Los generales habían tomado el poder en 1964 mediante un golpe de Estado anticomunista, el primero en América Latina bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional que impartía Estados Unidos. El propósito histórico de los ejércitos de defender la nación del enemigo exterior se había desviado para apuntar las armas de la patria al enemigo interno comunista, a combatir con métodos de guerra no convencionales. Es decir, los soldados fueron transformados en policías represores, torturadores y verdugos de gente civil.

 

En Brasil fue defenestrado un gobierno socializante por un alegado riesgo de «cubanización». Los fiascos con los barbudos de la isla antillana llevaron a sacar pecho en Sudamérica. Aunque si el coloso del sur se «comunizaba» no iba a ser la Cuba de Fidel sino la China de Mao, con el efecto bola de nieve, o dominó, en el hemisferio, según la teoría del general norteamericano Vernon Walters, impulsor de aquel golpe así como amigo, desde los tiempos de la campaña de Italia en la Segunda Guerra Mundial, de los militares brasileños que tomaron el poder y el oficial, a punto de ser subjefe de la CIA, que Richard Nixon envió a Madrid a hacer a Franco la gran pregunta: «¿Y cuándo usted muera, qué?» El dictador español caminaba ya por la orilla de su tumba. «España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los franceses: democracia, pornografía, droga, ¿qué se yo?, habrá grandes locuras, pero ninguna de ellas será fatal», le contestó Franco, según la síntesis que aquel maestro de espías dejó en sus memorias.

 

En poco más de diez años de dictadura, las eminencias grises del régimen brasileño entendieron que el poder militar no iba a ser eterno y, en consecuencia, diseñaron una apertura democrática de gota a gota, muy lejos del ritmo vertiginoso de las batucadas carnavalescas y más en consonancia con la cadencia pausada y adormecedora del bossa nova.

 

Además, el clima mundial estaba cambiando. Nixon se tambaleaba en la portada de los medios a causa del escándalo Watergate, Estados Unidos no veía la hora de salir de la ciénaga vietnamita y batían récord de crueldad los militares chilenos, de quienes sus pares brasileños deseaban desmarcarse. Las naciones dependientes del crudo, como el propio Brasil, sufrían una recesión por la escasez y elevación de precios derivada de la llamada «crisis del petróleo», que, dicho sea de paso, enriquecía a Venezuela. Los brasileños vieron la conveniencia de sacudirse el padrinazgo gringo, abandonar la doctrina de alineamiento automático e incondicional con las directrices del Departamento de Estado, y hacer bandera del pragmatismo, tanto en lo político como en el terreno comercial. El primer paso emblemático fue amistarse con la China de Mao y aproximarse a los árabes.

 

El generalato organizó una retirada con la cautela y la astucia de un leopardo, leyendo siempre los peligros en los movimientos del matorral opositor, a tres lustros vista, de 1974 a 1990, es decir, con holgura para que los responsables de las fechorías represivas pasaran a la jubilación, el olvido o a la otra vida.

 

El primer acto, en 1974, fue un alivio de la censura, una disminución (qué no conclusión) de la represión y unas elecciones legislativas de dudosa potabilidad y con solamente dos formaciones: oficialismo y oposición. El último hito, previsto para el lejano 1990, debía ser la elección del primer presidente en las urnas, por voto popular.

 

Entremedias, la derogación de las restricciones dictatoriales más severas, una amnistía cuyos principales beneficiarios eran los represores con las manos manchadas de sangre y la designación de un nuevo militar como director visible de orquesta desde el sillón presidencial. Era João Figueiredo, un general que para reafirmar el compromiso castrense con la redemocratización dejó para la historia una frase expresiva nacida de su tosquedad cuartelera: «Quién se oponga a la apertura, lo prendo y lo reviento». El general confesaba que prefería el olor de sus queridos caballos al de la gente. En las dos entrevistas que le hice —mediante cuestionario, por supuesto— sus respuestas estuvieron llenas de lirismo democrático, aunque, en medio de una de esas euforias, su antecesor en la presidencia y mentor, el general Ernesto Geisel, le espetó: «¿Y desde cuándo tú eres un demócrata, João?». Sin duda, João no era un demócrata, pero si un militar de estirpe que cumplió a rajatabla la misión encomendada.

 

A poco de establecerme en Brasilia, unas elecciones regionales y parlamentarias sirvieron tanto para tomar el pulso político al país como para definir los compromisarios que en 1985 escogerían colegiadamente al primer presidente civil. La oposición ganó en los estados más ricos, poblados y cultos, pero con el diseño ventajista el sistema de voto y del reparto territorial de los parlamentarios, el partido de los militares se salió con mayoría en ese colegio electoral, exactamente como las eminencias pardas de la apertura «lenta, gradual y segura» habían previsto.

 

Según el pensamiento de Maquiavelo, la política es el arte de lo posible. Pero a veces lo que en política parece imposible tiene efecto sorprendente.

 

Un diputado opositor novato, proveniente del remoto Mato Grosso, impulsó una reforma constitucional para establecer elecciones presidenciales por voto universal cinco años antes de lo previsto. Parecía una quijotada de aquel joven de triste figura llamado Dante de Oliveira, debido a que la aprobación dependía de una mayoría imposible de dos tercios. Pero la iniciativa soliviantó al país, desató un clamor popular como de victoria en el campeonato mundial de fútbol y movilizó a la gente por millones.

 

Tanta fue la pasión y la presión social que solamente la cuarta parte de los diputados oficialistas se atrevieron a dar la cara para votar en contra, con la capital federal sometida a estado de sitio y la media docena de corresponsales extranjeros que teníamos nuestra base en Brasilia pendientes de que los tanques volvieran a rodear el Congreso Nacional. No lo hicieron, ni la iniciativa fue aprobada, aunque por migajas.

 

El temor del gobierno militar era perder y el de los políticos oficialistas, la furia vengativa popular contra ellos en futuras elecciones. De ahí que se escabulleran, aunque no pocos simpatizaban con la enmienda, hasta el punto de provocar un cisma en la base civil del régimen. La facción disidente se unió a la oposición y movió al otro lado la báscula en la elección colegida del nuevo presidente, con lo que quedaron trastocados los sesudos cálculos militares de tener un presidente afín a ellos.

 

El dios de Brasil escribía para aquel régimen derecho con renglones torcidos. El presidente electo, un viejo político de talante templado y probada trayectoria moderada como era Tancredo Neves, tuvo que ser operado de urgencia a doce horas de su investidura e iba a acabar muerto debido a la torpeza de los cirujanos en la resección de un tumor intestinal benigno.

 

Tuvo que asumir el vicepresidente, el escritor José Sarney, que formaba parte del contingente oficialista tránsfuga. Cumplía ideológicamente el perfil del mandatario civil pretendido por los militares, pero, desertor a fin de cuentas, era tratado como «traidor» según la mentalidad cuartera instalada en el poder. De manera que aquella sucesión en la jefatura del Estado estuvo a un tris de ser abortada. El general Figueiredo, exhausto, con varios baipases coronarios, dio un portazo y se largó a su apartamento frente al mar en Río de Janeiro, sin haber acudido a traspasar la banda presidencial.

 

En medio de una gran crisis económica se pudo celebrar una constituyente, aprobar en referéndum la nueva Carta Magna y elegir con el voto popular un presidente por vez primera en treinta años, con tan mala fortuna que el nuevo mandatario, Fernando Collor de Mello, tuvo que renunciar enseguida en medio de un megaescándalo de corrupción para evitar ser sometido a un juicio político.

 

Entiendo que la transición brasileña a la democracia debió finalizar cuando un hombre de izquierda volvió al poder. Eso ocurrió a los cuarenta años del golpe y a los treinta del inicio de la apertura. Era Luiz Inácio Lula da Silva, que ganó las elecciones de 2002, y para entonces yo había vuelto a Brasil, tras Venezuela, y pude contarlo.

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Chile: La capitulación de Pinochet

En Chile, en septiembre de 1973, los militares derrocaron mediante una operación bélica el frágil gobierno constitucional del socialista Salvador Allende, que se suicidó dentro de la casa de gobierno ―en llamas y semidestruidas para ese momento― con un rifle ruso AK-47 que le había regalado el cubano Fidel Castro.

 

El motivo de la asonada fue el mismo que en el caso de Brasil: contener el comunismo, aunque también proteger los intereses de las transnacionales norteamericanas, un móvil predominante en los golpes en América Latina desde el derrocamiento en Guatemala del presidente Jacobo Árbenz, en 1954.

 

En un país como Chile, que representa la décima parte de Brasil, la chacina de opositores fue diez veces mayor. Como habían hecho los generales brasileños, la Junta Militar chilena forjó nueva institucionalidad, con la Constitución que en 1980 legitimó la presidencia de facto del general Pinochet. Una vez concluido su primer ochenio presidencial, debía someter su continuidad a referéndum popular. La oposición democrática se alió, echó el resto y con los votos en las urnas, admirablemente, desalojó del Palacio de La Moneda al autócrata.

 

Fue una situación que guardó parecido con las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio de 2024: las reglas de juego de la dictadura, el control del aparato del Estado, las instituciones, las fuerzas militares y policiales, el esquema represivo y de inteligencia, el ventajismo derivado de ese poder absoluto y la sumisión de los medios de comunicación. La diferencia significativa fue que la Junta Militar respetó sus propias reglas y no sustrajo, como hicieron Nicolás Maduro y sus cómplices, el triunfo redondo (67%) de Edmundo González, el candidato de la unidad democrática.

 

A Santiago fuimos los corresponsales en legión. No en vano Pinochet era un dictador superstar. No sufrimos restricciones, pero en las manifiestas previas al plebiscito era frecuente recibir leña, incluso con el distintivo de prensa extranjera visible. La noche electoral, unos furiosos carabineros de la tropa de choque mandaron al hospital a una veintena larga de periodistas extranjeros, contra los que descargaron su furia cuando la derrotada de Pinochet estaba cantada.

 

Encontramos un país de trece millones de habitantes (40% pobre) polarizado entre el «Sí» al continuismo pinochetistas y el «No», que era extensivo al general, el régimen y sus atrocidades: algo más de tres mil muertos y desaparecidos, por lo menos treinta mil torturados y casi un millón de chilenos forzados al destierro.

 

A la vista de los contenidos de los medios masivos, el poder inexpugnable del régimen, el ordenamiento estricto, una derecha sólida, la actitud del empresariado, la marcha de la economía a ritmo de tigre asiático y hasta el dinamismo a la caza del voto de Pinochet y el eco de los barrios momios, el «Sí» parecía imbatible. Aunque no era la victoria de Pinochet lo que veíamos en los sondeos de intención de votos o caminando por las comunas o en conversación con los siempre cautelosos dirigentes opositores.

 

La oposición, desde los democristianos a los comunistas, habían dado tregua a sus pendencias históricas para aliarse contra Pinochet, meter en el congelador los radicalismos y los maximalismos para hacer de la moderación su virtud cardinal. Diecisiete formaciones, con la democracia cristiana como buque insignia, formaron la Concertación de Partidos por el No y aceptaron el desigual reto, a sabiendas de que participar significaba hacer el juego a la dictadura.

 

El boicot implicaba el triunfo inapelable de Pinochet y la prórroga sine die del régimen. La mera concurrencia opositora, de ganar Pinochet, representaba un espaldarazo al autócrata y su virtual legitimación por sufragio universal. El fraude era una posibilidad y las garantías sobre que el resultado iba a ser respetado a muchos parecían palabras huecas.

 

Pero no había más camino que la senda del orden. La vía armada había sido abandonada tras el atentado al que en 1986 había sobrevivido Pinochet, el fracaso de la última operación cubana de desembarco de armas para equipar un «ejército de liberación» y los destrozos infligidos a la guerrilla comunista.

 

La batalla electoral se centró durante treinta noches en las llamadas «franjas» televisivas, un espacio gratuito de quince minutos por facción. El «Sí» inculcaba miedos con jinetes del Apocalipsis: la vuelta del marxismo atroz, la penuria y el terrorismo) y glorificaba a Pinochet como el general limpio, honesto cristiano y familiar, salvador de la patria y garante de la propiedad privada. El «No» refirió las atrocidades del régimen, pero no se cebó en ellas, a pesar de los dirigentes de izquierda. El objetivo fue quitar el miedo a la gente, sacar de sus cabezas la docilidad impuesta por la dictadura, enseñar a decir «no» hasta con los limpiaparabrisas del coche, infundir la ilusión en un país vitalista y el deseo de ganar el bienestar sin más violencia política. Todo eso envuelto en el arcoíris, la emotividad, el eslogan machacón Chile, la alegría ya viene y la divertida retahíla interminable de noes al ritmo del vals Danubio azul.

 

A tenor de la prensa local masiva, la batalla parecía netamente a favor de continuismo pinochetista. Pero los periodistas internacionales habíamos escrito artículos que reflejaban las encuestas favorables al «No» y la posibilidad de que Pinochet fuera desplazado del poder, que resultara arrollado en el plebiscito que él mismo había diseñado.

 

Tras el cierre de los centros de voto, el ministerio del Interior divulgó dos boletines de resultados minúsculos, que apuntaba la victoria de Pinochet. Luego sobrevino un apagón informativo de ocho horas. A medida que avanzaba la noche cundía la desazón y el temor hacia mella en todos nosotros. La opacidad informativa causaba malos augurios. Sobre la diez de la noche, La Moneda, fue acordonada, el centro capitalino, cerrado, y aumentado el despliegue del cuerpo de Carabineros, la cuarta fuerza militar. A esa hora los portavoces de la oposición, casi de tapadillo, insistían en su triunfo. Habían desplegado unos sesenta mil apoderados de mesa y hecho en sigilo su propio escrutinio. Pero había canguelo para difundir un resultado conclusivo y los periodistas teníamos necesidad de datos oleados y sacramentados por el poder supremo militar.

 

Cundía la idea de que el régimen podía patear el tablero. Quizás el soberbio Pinochet, aunque conocedor de los sondeos, esperaba un milagro de última hora, o la derrota se le había atragantado. Desconocíamos, ya muy de madrugada, qué acciones podía estar haciendo Estados Unidos o Gran Bretaña, ni que la primera ministra Margaret Thatcher había arrancado a su amigo el dictador un compromiso de respeto al resultado, y que el presidente Ronald Reagan estaba al tanto. ¿Qué podía hacer en aquella encrucijada el penúltimo autócrata sudamericano? En un acto de fuerza apenas podía contar con la solidaridad de su homólogo paraguayo, Alfredo Stroessner. El clima mundial había cambiado drásticamente desde que él liquidó a Allende. Su discurso anticomunista no valía una higa con una Unión Soviética virtualmente derrotada en la Guerra Fría y obsoleta con el reformismo de Mijaíl Gorbachov. Pinochet se había convertido en una carcacha inservible que no encajaba en el nuevo puzle mundial.

 

Generalmente se da como cierta la escena, en la cumbre de madrugada de la Junta Militar, de Pinochet con un decreto listo, pidiendo al alto mando carta blanca para desconocer el resultado, imponer el estado de sitio y sacar las tropas. Los jefes de la Aeronáutica, general Fernando Matthei, y la Marina, almirante José Toribio Merino se opusieron. Sin unanimidad, sobraba la posición del Ejército o de Carabineros.

 

Además, no podía haber marcha atrás. El general Matthei había desactivado cualquier plan golpista cuando, de paso a esa cita del mando militar supremo, reconoció en la puerta de La Moneda el triunfo del «No». Hecha esa declaración, sobraban la furia de Pinochet y la tormenta que se desencadenó en el sanedrín castrense chileno. Años después, Matthei explicó que hizo la declaración porque había necesidad de «sacarle la espoleta a la bomba» que estaba presta a estallar.

 

De ningún modo el alto mando chileno, institucionalista y prusiano, iba a violentar el ordenamiento constitucional que había emanado de su propia voluntad. Ni algunas formaciones de la base civil del régimen se iban a inmolar esa noche renunciando al futuro. El empresariado y los propietarios de la tierra tampoco iban a poner en riesgo sus boyantes negocios. La economía creía sostenidamente desde hacía un quinquenio, ese año nada menos que al 7%; el agronegocio colocaba muy competitivamente en el mercado exterior miles de millones de dólares y el clima de confianza exterior hacia Chile era extraordinario. Nadie parecía dispuesto a poner en riesgo el «milagro económico chileno» producto de las reformas neoliberales y el modelo mercantilista de los Chicago Boys.

 

La Junta Militar dio el visto bueno al resultado: la victoria épica de la oposición y la derrota de Pinochet y su odioso régimen por una elocuente paliza mediante el abominable sufragio popular: 56% de los votos, doce puntos de ventaja y una participación grandiosa.

 

El Chile democrático eclosionó como la reina de la noche, la flor de cactus que abre en un instante y con una belleza espectacular, aunque puede tardar quince o veinte años en florecer. La alegría popular en riadas de personas y las lágrimas de emoción eran aún desbordantes cuando a las veinticuatro horas de haber sufrido tan severa derrota en las urnas, Pinochet volvió a mostrarse como el auténtico Pinochet.

 

Había metido en el fondo del ropero los trajes civiles de buen corte usados durante los tres meses en campaña, sustituido su inseparable perla de la suerte en el pasador de la corbata por las cinco estrellas de cinco puntas de su alto rango y vestido de nuevo el uniforme con guerrera blanca de capitán general; la cara risueña y apacible del demandante de votos recuperó el gesto cuartelero hosco de dictador intratable; las bolsas bajas los ojos delataban los estragos de un tremendo estrés.

 

Durante un discurso televisado se mostró con los brazos firmemente afincados y el torso proyectado hacia adelante en actitud de poder y autoridad, a la vez que de desafío e inflexibilidad, y quizás también mostraba su desacuerdo rotundo con lo que había sucedido. En un mensaje de doble filo aceptó el resultado y aseveró sin ambigüedad que las fuerzas armadas mantenían «incólume» su compromiso con «los principios que inspiraron la gloriosa gesta de 1973», es decir, la artera destrucción de la democracia y muerte del presidente legítimo Allende, y que «nada ni nadie» iba a modificar el croquis institucional esbozado por la junta militar ni acelerar los cambios ni despojar a los uniformados de su función tutelar.

 

Pinochet tenía aún por delante otro año y medio como jefe de Estado y la oportunidad de impulsarse él mimo o a un devoto suyo a las presidenciales libres que deberían celebrar hacia finales de 1989. En el peor de los casos, una vez que traspasara la jefatura del Estado, iba a seguir como comandante militar supremo indefinidamente y, por tanto, como cancerbero de la Constitución, que había sido elaborada por una cuadrilla de notables y adaptada a sus conveniencias por la junta militar.

 

De manera que el general iba a mantener el sable sobre la garganta de quienes quiera que fueran a ostentaran el poder político. El tiempo mostró cómo gobernantes sin suficiente coraje ni agallas en todo momento sintieron en sus cuellos la frialdad del filo de acero del espadón del general Pinochet.

 

Volví a Santiago para cubrir las elecciones presidenciales de diciembre de 1989. El clima político se había distendido. La Constitución había sufrido medio centenar de reformas, pactadas con la Junta Miliar —que tenía también poderes legislativos y constituyentes— por el ala democristiana de la coalición opositora y la derecha pinochetista civilizada. La izquierda moderada aceptó los parches como mal menor, a riesgo de una ruptura abrupta suicida, mientras que para la radical fue un trágala. Aquella democratización supuestamente «protegida», pero en realidad tutelada y encorsetada, tenía que marchar aunque el paso fuera marcado con un tambor militar.

 

El frente amplio que había derrotado en el plebiscito del año anterior a Pinochet se convirtió en la Concertación de Partidos por la Democracia. La búsqueda de un candidato presidencial se redujo necesariamente al ámbito de la democracia cristiano porque cualquier otro a la izquierda tenía que ser de las antiguas filas socialistas de Allende y eso iba a soliviantar a los militares. La pugna de egos la ganó Patricio Aylwin, el hombre tranquilo, con setenta años. Había sido el principal rostro del «No» y entre todos los dirigentes del abigarrado plumaje de la Concertación, era la figura más próxima a la derecha conservadora. Por tanto, su designación como candidato ara una inequívoca la señal a los cuarteles y a los mercados.

 

Tras perder el plebiscito, Pinochet, que continuaba comportándose como el pavo real dueño de la patria, abrigaba la esperanza de ser él mismo candidato, hasta que fue persuadido por sus consejeros de que esa eventualidad estaba fuera de la realidad y que llegado el caso iba a recibir otro revolcón en las urnas, entre otras cosas porque sus intentos de trocear a la coalición opositora habían fracasado y la correlación de fuerzas en pro y en contra seguía prácticamente inmutable.

 

Coincidentemente hubo una escalada terrorista incomprensible de una facción residual, «autónoma», del comunista Frente Manuel Rodríguez. Esas acciones desestabilizaban el incipiente proceso de democratización, no convenían ni siquiera al ilegal Partido Comunista, que buscaba un lugar al sol con un nombre fantasía, y únicamente beneficiaba a las fuerzas más retardatarias.

 

Aylwin era al favorito en los sondeos de intención de voto, de todos sin excepción. Sus aliados, incluso las izquierdas allendistas, simularon que había olvidado su pasado progolpista. La derecha sabía que el candidato opositor, desde luego, iba a hacer de muro de contención frente a cualquier veleidad socializadora futura de sus pares e, incluso, ante cualquier intento de ajuste de cuentas con los militares. En ese sentido, los generales parecían tranquilos, hasta el punto de que no se habían molestado en dictar una amnistía general, como había hecho, por ejemplo, sus pares brasileños, para que sus fechorías quedaran impunes.

 

El candidato favorito se proponía mantener el sistema económico y social mercantilista neoliberal pinochetista, aunque él prefería hablar del «modelo abierto y competitivo», y no hurgar en el avispero militar, sino hacer un gobierno de «unidad, paz y reconciliación». También ofreció la «reconstrucción de la democracia», sin entrar en precisiones sobre cómo se iba a mover dentro del pulmón de acero impuesto por Pinochet.

 

Las presidenciales tuvieron un resultado calcado del plebiscito, expresión de que en ellas confluyeron a flor de piel las mismas emociones. El Pato Aylwin obtuvo, el jueves 14 de diciembre, prácticamente los votos del «No» el año anterior, con 55,2% y casi el doble que su rival pinochetista. Una victoria desde luego por paliza sobre la derecha, dividida entre dos candidatos. En las legislativas coincidentes, la Concertación acaparó el 52% de la cámara baja y el 47% del Senado, con el ala democristiana como fuerza netamente dominante.

 

Lo primero que hizo Aylwin al reunirse con Pinochet fue sugerir al caducado dictador, aún sentado en su trono dorado, que se apartara de la jefatura suprema del Ejército. El viejo sátrapa replicó que como comandante en jefe él era la garantía de que su presidencia iba a llegar a buen fin. Sin duda, cualquier desvío a la izquierda significaba entrar a un campo de minas.

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Paraguay: la transición del gatopardo

En El gatopardo, la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el joven garibaldino Tancredi enseña a su tío, el Príncipe de Salina, la conveniencia para la rancia aristocracia siciliana de adaptarse, a fin de mantener su dominio, a la revolución unificadora de Italia en curso. «Para que todo siga igual, es necesario que todo cambie», asevera. De ahí surge la expresión «gatopardismo» que la ciencia política usa para definir toda alteración revolucionaria cuya finalidad es conservar la vieja estructura de poder.

 

En febrero de 1989 un general paraguayo que ciertamente desconocía la novela y el gatopardo le parecería un remedo exógeno del yaguareté, el rey de sus junglas, elevó el «gatopardismo» a ciencia summa cum laude. Andrés Rodríguez, hijo de un herrero español, el niño cortador de caña transformado en dueño del gran machete militar de la nación y consuegro del autarca a cuya sombra se había hecho de oro, se alzó en armas en vista de que iba a ser relevado y aprovechó para blanquear su imagen tan chorreada por el narcotráfico y la corrupción.

 

Si el entorno continental era ya democrático, Paraguay no sería menos, aunque en el país la libertad solo había sido un clamor de hinchas en la cancha del equipo de fútbol del dictador: el Club Libertad. Si Paraguay, con su acerado anticomunismo, tuvo un valor marginal en la Guerra Fría, como nodo de comunicación e información de Estados Unidos en Suramérica, aunque Stroessner fue buitre mayor de la Operación Cóndor, la alianza represiva del Cono Sur, ahora, con el campo marxista arrasado, había sido abandonado a su suerte tanto por Washington como por Brasilia, su antiguo protector, que solo cuidaba los aspectos concernientes a la gigantesca hidroeléctrica binacional de Itaipú. De hecho, el paso por Paraguay, ocho meses antes del golpe, del papa Juan Pablo II tuvo el valor de una extremaunción a aquel régimen non sancto.

 

El golpe que desalojaba al dictador decano en América me llevó de vuelta a Paraguay. Había pasado dos años alucinantes como corresponsal y único periodista extranjero en la tierra que su más excelso escritor, Augusto Roa Bastos, llamó «el agujero en el mapa». En efecto, el corazón de las tinieblas, un Estado patrimonial dirigido por un general imponente, hijo de un cervecero bávaro y una maestra de escuela paraguaya. Su dictadura no tenía carácter excepcional y transitorio, sino que constituía un totalitarismo con pretensiones de eternizarse con una dinastía.

 

Se asemejaba al sistema del generalísimo dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que acabó porque el tirano fue acribillado y su hijo Ramfis era un crápula inestable que huyó a disfrutar de una fortuna inmensa, o al mantenido en Nicaragua durante medio siglo por la familia Somoza, cuyo último dechado, Tachito, destrozado por un cohete lanzado con una RPG en una avenida de Asunción.

 

Mi estancia en Paraguay, no buscada, por cierto, resultó una impagable experiencia en el parque temático de «El otoño del patriarca». El realismo mágico del nobel colombiano, Gabriel García Márquez, era allí pura cotidianidad. Llegar a Paragua equivalió a «penetrar en el ámbito de otra época». Stroessner era el vivo retrato del venerable de la fábula, el mismísimo Zacarías redivivo entre los arpegios de una polca tocada por arpas. Viví en un mundo donde el supremo, como el patriarca Zacarías, «gobernaba de viva voz y de cuerpo presente a toda hora y en todas partes», desde el «limbo de la gloria», rodeado de «aduladores impávidos que lo proclamaban corregidor de los (...) errores de Dios...», capaz, como el tirano guaraní, de parar los termómetros en cuarenta grados centígrados para que no cundiera la vagancia ni el miedo, o imponer «que que el reloj de la torre no diera las doce a las doce sino a las dos para que la vida pareciera más larga», y que desaparecía siempre «a la hora mortal de la siesta en que se refugiaba en la penumbra de las concubinas» y había entonces que hacer silencio porque «el general está tirando». No faltó un coronel Rodrigo de Aguilar, el traidor de García Márquez, encarnado en el general Rodríguez. Aguilar, tras haber gozado de la confianza del jefe y plenos poderes, una vez comprobada su felonía, acabó muerto, guisado y servido por Zacarías a sus ministros. Rodríguez el desleal capitaneó el derrocamiento para lavar su honor y su honra, y ser aceptado internacionalmente. Seguramente Stroessner no se murió sin lamentar mil veces no haber convertido a su consuegro en pasto para pirañas.

 

Paraguay era el mismo país desconocido y aislado, de estructuras sociales, económicas y políticas semifeudales, que reflejó en sus crónicas de principios del siglo XX el escritor y periodista español Rafael Barret. En sus primeros tiempo Stroessner barrió la oposición y hasta las sombras de sospecha dentro del oficialista Partido Colorado, que transformó en máquina de control social y afiliación obligada. Fuera del coloradismo clientelar no había vida.

 

Paraguay tenía el PIB más bajo del mundo, indignantes niveles de desigualdad y de pobreza extrema y un ínfimo nivel de desarrollo tecnológico, aún más atrasado que el de Nicaragua o Bolivia, las naciones más rezagadas en el continente, junto con Haití. Pero gozaba de una economía sumergida desmesurada y un contrabando endiablado, sobre todo en la caótica Ciudad Presidente Stroessner, ubicada en la turbadora triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde confluían todos los ilícitos imaginables y hasta policías y militares solían estar fuera de la ley.

 

Cuando dejé Asunción al cabo de dos años no era que algo oliera a podrido en Paraguay. Hedía como no sentí en ninguna otra parte. A Stroessner, dueño de un enorme ego y una confianza en sí mismo desmesurada, el gallinero colorado se le había alborotado. No podía imaginarse que tenía el enemigo en casa y aquello debía parecerle un juego de colegio, con chicos traviesos jugando a las cuatro esquinas. Siempre creyó que la amenaza para él venía de fuera.

 

La guerra fratricida en el partido de la dictadura fue causada por la sucesión del general, tal vez dando pábulo a los rumores sobre sus enfermedades. Una parte del Partido Colorado pugnaba por recuperar el protagonismo tras el fallecimiento del autócrata y la otra por el continuismo dinástico en el primogénito, el coronel aviador Gustavo Stroessner, que unía a su estigma por gay —la Coronela, le decían— un entorno militar ávido por desbancar a la vieja guardia en la división del botín nacional. Stroessner, que había perdido su olfato, se equivocó al optar por los primeros y permitir la confrontación entre las banderías.

 

Quienes en el coloradismo invocaban democracia estaban en la marginalidad más absoluta. Tanto era así que la opción de una transición democrática a la española pos-Stroessner fue descartada por inviable, aunque, hasta donde yo supe, Estados Unidos escrutó a un renovador colorado, tras haber descartado la posibilidad de que el viejo dictador cediera el poder por voluntad propia. Una transición basada en la oposición minoritaria, sin raigambre popular significativa ni soportes en los poderes fácticos, era imposible en una nación con un establishment conservador y colorado. Eran unas camarillas insurgentes que incomodaban como moscas borriqueras, pero no constituían una amenaza seria.

 

La Iglesia católica hacia una eficaz tarea. Los obispos tomaron, en 1986, iniciativas en favor de la reconciliación mediante un diálogo, que el oficialismo rechazó. Un año después pidió su retiro como condición necesaria para dar paso a una transición a la democracia. Los obispos desnudaban prudentemente a un régimen mastodóntico y enseñaba a las personas perder el miedo, pero al salir de misa sentían los garrotes en sus costillas. Al final de cuentas, los sacerdotes fueron los responsables de la resurrección social y las mayores demostraciones contrarias a Stroessner transcurrieron bajo el manto de la Iglesia. De hecho, la visita papal de 1988 agudizó el enfrentamiento, robusteció al clero y dio alas a los dirigentes sociales y políticos opositores: los llamados «constructores de la sociedad» del nuevo Paraguay.

 

Sin duda, aquella dictadura execrable, corrupta y caduca quedó abandonada de la mano de Dios, si es que para entonces no lo estaba. Cubrí aquella visita papal y así yo lo sentí. Lo cierto fue que muchos paraguayos dejaron de tener miedo. No es exagerado afirmar que la visita a Paraguay del sumo pontífice de la Iglesia romana tuvo el valor de una extremaunción al decrépito régimen del general Stroessner, que fue derrocado apenas ocho meses y medio después.

 

Nunca imaginé que Stroessner pudiera sersería derrocado por Rodríguez. Era un general leal, unido a él en un pacto de familia por un matrimonio entre hijos suyos. Rodríguez tenía una biografía embadurnada por ilícitos de contrabando y narcotráfico, hasta el punto de figurar en una lista negra de Estados Unidos. Como él, el alto mando participaba del botín y el saqueo. Un golpe militar no entraba, pues, en mis cálculos.

 

El alzamiento estuvo precedido de una etapa de crisis económica, con recesión y carestía en la que los voraces corruptos vieron menguar sus tajadas. La división del Partido Colorado se reprodujo en las Fuerzas Armadas. El alto mando presentía un final, de modo que comenzaron a insinuarse nombres de generales aspirantes a una eventual sucesión, seguramente para cortar el paso a la Coronela. Incluso desde el generalato en la reserva hubo quien aconsejó a Stroessner la retirada digna antes de que las cosas se pusieran demasiado feas.

 

Rodríguez se sorprendió cuando su consuegro le pidió, semanas antes del golpe, que pasara al retiro. El déspota debía intuir peligro, aunque no atendió las advertencias insistentes sobre que su consuegro se iba a alzar. Las creía un disparate. Poco antes, Stroessner había purgado del mando militar a oficiales que no le parecían suficientemente leales. Rodríguez sintió que esa medida mermaba su poder militar y, por tanto, también el económico.

 

A un militar como Rodríguez, cuya única ideología había sido la lealtad a Stroessner, la felonía resultaba fácil. Con la traición salía de la lista negra estadounidense, se garantizaba libre tránsito por el mundo, del que carecía, y seguridad absoluta para su jugosa fortuna.

 

El golpe no tuvo épica. Estuvo inadecuadamente planificación e, incluso, fue un tanto disparatado. El único objetivo de los alzados era Stroessner, que logró huir de la casa de su amante predilecta. Parapetado en el cuartel de su guardia pretoriana, resistió ocho horas. Se contaron unos cuarenta muertos, casi todos jóvenes reclutas enrolados a la fuerza en la guardia presidencial, único regimiento que hizo algo —muy poco— por defender la dictadura.

 

En un manifiesto de setenta y cuatro74 palabras, el parco general Rodríguez afirmó que los militares habían salido «en defensa de la dignidad y del honor de las Fuerzas Armadas», por la «unificación plena» del fragmentado Partido Colorado, por «la iniciación de la democratización del Paraguay y el «respeto a los derechos humanos», y en la defensa de «nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana». Logró su objetivo de echar a Stroessner y con él a La Coronela, que partieron cabizbajos para el exilio en Brasil.

 

Se puede conjeturar que Estados Unidos, ante la falta de alternativa para el cambio, se convenció de la solución Rodríguez. A fin de cuentas, solo habría que olvidar sus pecados de narco. Por lo demás, era un militar conservador, potable para la administración de George Bush padre, quien había asumido la Casa Blanca dos semanas antes del derrocamiento de Stroessner.

 

El general Rodríguez no planteaba resquemores en los países vecinos. La condición de demócrata la iba a gana como verdugo de tan desprestigiado tirano y la celebración inmediata de elecciones, que nadie objetaría, aunque se fueran a celebrar con la legislación fullera de la dictadura y un censo electoral carente de credibilidad y abultado en más de medio millón de personas, una barbaridad en una nación con poco más de dos millones de votantes. Un ordenamiento lectoral concebido con el único fin de legitimar cada cinco años a Stroessner mediante el fraude y la inmoralidad.

 

No más de una treintena de altos funcionarios fueron purgados, pero sin demasiada ejemplaridad. El resto siguió a lo suyo y se acomodó a la nueva situación. Tanto fue así que al ver la imagen del nuevo gobierno, Stroessner apuntilló cáustico que solo faltaba él en la foto. Cuando los periodistas preguntamos al general Rodríguez por su metamorfosis, respondió que había sido un perro fiel de su consuegro por «disciplina y obediencia» porque como militar estaba bajo el comando de «ese señor». Nunca más volvió a referirse a su consuegro en público por su nombre.

 

Las elecciones generales multipartidarias se celebraron a los tres meses sin haber mudado un tornillo en el andamiaje legal de la dictadura stroessnista, bajo las promesas de Rodríguez de limpieza y de retirarse en 1993 tras un único mandato. Ganó, como estaba previsto, con el 77% de los votos y se llevó dos de cada tres diputados.

 

Con el trabajo hecho, partí. Pensé que había espacio para el desarrollo y consolidación de una alternativa de poder entre los partidos de oposición, quizás dentro del histórico liberalismo, para desplazar algún día a los colorados, que llevaban desde 1947 en el machito. Me confundí. Con excepción de quinquenio presidencial del ex obispo Fernando Lugo, transcurridos ahora treinta y seis años del derrocamiento de Stroessner, Paraguay sigue en manos del mismo partido, los mismos clanes y la misma oligarquía que se formó a la sombra del supremo.